“A la regularización aún le queda el mayor obstáculo: los costes”

Podemos Chiclana ve bien que se hayan salvado los trámites administrativos, pero lo que deban pagar los vecinos “dista muchísimo de la que se prometió en campaña”-

Podemos Chiclana acogió con cautela el anuncio de la delegada de Urbanismo, Ana González, sobre el levantamiento de suspensiones en prácticamente todo el suelo de Chiclana. Declaran que aunque sea “una buena noticia”, al PSOE le queda ahora el mayor obstáculo para la regularización en Chiclana, que “es ni más ni menos, que la realidad económica de nuestros vecinos”.

Agrega esta formación que “vemos que mientras el PP lo único que achaca es que se haya tardado tanto tiempo en poner su Plan General, nosotros debemos recriminarle al PSOE justo lo contrario: que hayan sacado el PGOU del PP sin cambiarle ni una miserable coma”.

Este achaque no es “una mera cuestión de promesas y programas, que por supuesto son vitales para demostrar el talante y la lealtad política de cada partido”, sino que lo fundamental es que “este PGOU va a implicar unos costes tremendos e inasumibles para todo el procedimiento de regularización urbanística”.

Cuenta así mismo los problemas que les hacen llegar los ciudadanos, que encuentran “que los precios para regularizarse no han hecho más que modificarse al alza según iban transcurriendo los meses y preguntaban en Urbanismo. Cada vez distan más de los 25.000 euros de media que prometieron desde el PSOE”.

REBAJAR LOS COSTES

Podemos vuelve a apostar por la solución que lleva proponiendo desde el principio: tratar de aplicar el AFO en la mayor cantidad de zonas posibles para dotar de servicios básicos, “rebajando enormemente los costes”.

Critican que la delegada de Urbanismo no haya dicho nada sobre tres suspensiones “significativas” que venían en el documento de la Junta de Andalucía. Son las que se refieren al Ciclo Integral del Agua, las depuradoras de El Torno y La Barrosa y la Ronda Oeste.

Continúa diciendo Podemos que “nos encontramos con que quizás se pueda iniciar administrativamente el proceso de regularización, pero que el gobierno sea incapaz de dotar a dichas viviendas de agua y alcantarillado, debido a que no se han resuelto estas dos cuestiones”.

Agregó que “podemos encontrar vecinos que paguen un procedimiento muy costoso y que, sin embargo, mientras no se amplíen o mejoren las depuradoras suspendidas, no podrán tener servicios básicos”.